¿Qué pasa si mañana una tecnología de la que depende una operación crítica deja de estar disponible, cambia sus condiciones o se vuelve demasiado costosa?
No hace falta imaginar un conflicto internacional. Puede ser una modificación contractual, una API que deja de funcionar, un aumento de precios o una decisión comercial tomada fuera de nuestro alcance. En esos casos, la soberanía tecnológica deja de ser una consigna abstracta: es la capacidad de seguir funcionando, entender lo que usamos y decidir con qué herramientas trabajar.
Elegir sin quedar atrapados
Discutir soberanía como una competencia entre productos argentinos y extranjeros nos lleva a una falsa disyuntiva. Empresas y organismos públicos deberían poder contratar la mejor tecnología disponible, sin importar dónde se haya desarrollado. El problema aparece cuando la elección deja de ser reversible.
Si no podemos recuperar datos en formatos útiles, auditar un servicio, migrar procesos o reemplazar a un proveedor sin rehacer años de trabajo, la libertad de elección es limitada. Tampoco propongo desarrollar todo desde cero: sería costoso e inviable. Autonomía no es autosuficiencia absoluta; es disponer de alternativas, conocimiento y poder de negociación.
Los datos son una parte, no el todo
Que un servidor esté en Argentina no garantiza control sobre un sistema. También importan los permisos, la administración de claves, las licencias, la documentación, la exportación de información y quién puede mantener el servicio si algo falla.
En inteligencia artificial se suman otras preguntas: qué datos se envían, dónde se procesan, cuánto tiempo se conservan, si pueden usarse para entrenar modelos, y qué sucede cuando un proveedor modifica o retira una API. Diseñar sistemas que permitan reemplazar modelos, auditar flujos y conservar el conocimiento fuera de un único producto puede aportar más autonomía real que una simple declaración de soberanía.
Legislación y contratos que permitan decidir
Argentina cuenta con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Su artículo 12 establece condiciones para las transferencias internacionales de datos, con mecanismos y excepciones previstos en la normativa. Es un punto de partida, pero el debate tecnológico también incluye portabilidad, interoperabilidad, continuidad operativa y supervisión de sistemas automatizados.
No todo requiere una nueva ley. Muchas mejoras pueden incorporarse a contrataciones públicas, estándares y obligaciones contractuales verificables: exportaciones documentadas, planes de salida, auditorías y pruebas periódicas de recuperación.
Regular mal también tiene costos. Exigir alojamiento local indiscriminadamente podría encarecer operaciones y reducir alternativas sin mejorar la seguridad. Necesitamos criterios proporcionales al riesgo, que permitan operar globalmente sin perder control de lo esencial.
Infraestructura que podamos sostener
La infraestructura digital no se construye solamente comprando servidores. Requiere energía, conectividad, ciberseguridad, mantenimiento, especialistas y demanda. En IA, la capacidad de cómputo puede ser estratégica, pero es cara y envejece rápidamente.
No necesitamos replicar toda la infraestructura de los grandes proveedores. Sí identificar qué usos críticos —salud, investigación, educación, servicios públicos o sistemas de alto impacto— justifican capacidad propia o regional, acuerdos de acceso y planes de continuidad. El objetivo no debería ser anunciar equipamiento, sino asegurar capacidades concretas con costos de operación realistas.
Cooperar para construir autonomía
Universidades, centros de investigación, empresas, proveedores de infraestructura y Estado pueden compartir conocimientos, estándares y herramientas. La cooperación regional permitiría distribuir inversiones que serían difíciles de sostener por separado.
El software abierto y los formatos interoperables ayudan a inspeccionar, aprender y migrar. Pero abierto no significa automáticamente seguro o mantenible: también hacen falta equipos, documentación y financiamiento. La soberanía se vuelve real cuando hay personas capaces de operar, corregir y mejorar aquello que adoptamos.
Una agenda para los próximos cinco años
Si queremos resultados, deberíamos empezar por identificar dependencias críticas, exigir portabilidad en contrataciones relevantes, diferenciar los niveles de riesgo, formar equipos con capacidades operativas y medir indicadores verificables: tiempo de migración, concentración de proveedores, continuidad ante incidentes y costo sostenido de las alternativas.
Los beneficios potenciales son claros: mayor resiliencia, mejor negociación, desarrollo de conocimiento y capacidad de adaptación. También hay riesgos: inversiones difíciles de sostener, duplicación de soluciones, burocracia y protección de proyectos ineficientes. Una política seria tiene que reconocer ambas caras y corregirse con evidencia.
Una discusión que tiene que entrar en la agenda
Podemos entender que no exista financiamiento inmediato para todo. Lo que no deberíamos aceptar es que esta discusión quede siempre postergada. La dependencia tecnológica no se nota solamente durante una crisis: también aparece cuando una empresa deja de entender su operación, no puede cambiar de proveedor o reduce sus decisiones tecnológicas a sumar otra suscripción.
Ese deterioro afecta a organizaciones de cualquier tamaño. Y, si se generaliza, limita nuestra capacidad de formar profesionales, producir conocimiento y participar en el desarrollo de la tecnología que utilizamos.
Por eso vale la pena que cada sector de la industria tecnológica argentina se pregunte qué papel puede cumplir: quienes desarrollan, quienes investigan, quienes enseñan, quienes compran tecnología y quienes diseñan políticas públicas. No todos pueden financiar infraestructura, pero sí pueden impulsar estándares, capacidades y decisiones mejores.
No necesitamos dejar de utilizar tecnología extranjera. Necesitamos poder decidir cuándo utilizarla y cuándo nuestros propios intereses requieren una alternativa. Para que esa decisión exista de verdad, hay que construir las capacidades antes de necesitarlas con urgencia.
La soberanía tecnológica no debería ser una consigna para defender una industria cerrada. Debería ser una agenda de trabajo compartida que nos permita seguir eligiendo.
Fuentes: Ley 25.326 · AAIP — transferencias internacionales · UNCTAD — inversión en economía digital.